El derecho negado y la obligación: El doble discurso de la esterilización femenina

La decisión de tener o no hijos e hijas es siempre complicada para las mujeres, especialmente cuando ésta no corresponde con el modelo reproductivo definido como deseable por nuestra cultura y por las autoridades médicas y sanitarias. En estos tiempos, en general, es deseable que las mujeres tengan hijos e hijas (además, somos un país en proceso de envejecimiento poblacional, similar al de países desarrollados), siempre y cuando ello no signifique riesgo para la sociedad. Esta ambivalencia se refleja en el manejo que actualmente tiene la esterilización femenina, recurso al que, desde fines del año 2000, las mujeres tienen derecho sin restricciones (a excepción de aquellas de orden médico).

La actual normativa que regula la anticoncepción quirúrgica, la establece como un derecho de todas las mujeres y hombres que lo soliciten voluntariamente. Se eliminan así, las antiguas exigencias a las mujeres, como la edad mínima (35 años), el número de hijos/as (mínimo 4) y la más escandalosa, la autorización expresa del marido. A pesar de esta liberalización de la normativa, actualmente el acceso a este recurso de regulación de la fecundidad es bastante engorroso[1], especialmente para las mujeres más pobres y por lo tanto más desprotegidas. En mi trabajo con las mujeres más pobres de Valparaíso – beneficiarias del Programa Puente – constaté que muchas formaban parte de inamovibles listas de espera en el consultorio y así pasaba el tiempo hasta que, volvían a embarazarse. Incluso a varias de ellas se les obstaculizaba a tal punto el acceso a este derecho que ellas desistían de elevar la solicitud…hasta que volvían a embarazarse. La impotencia y la resignación embargaban a esas mujeres. La consejería en salud sexual y reproductiva que exige esta normativa es un servicio que, cuando se realiza, lejos se informar verazmente a la mujer para que tome una decisión a conciencia, su objetivo es desalentar la decisión tomada. Se trata de mujeres jóvenes, en plena capacidad reproductiva, con 2 a 5 hijos, que no quieren tener más hijos e hijas en las condiciones de vida miserables en las que se encuentran…¿quién, entonces, se hace responsable de las consecuencias que esto tiene para sus vidas?. Ellas han tomado una decisión individual responsable y el Estado no las apoya, al contrario, el Estado no asume la responsabilidad que le cabe en los embarazos no deseados de mujeres que se controlan periódicamente en los establecimientos de atención primaria.

La otra cara de la moneda, la representan las mujeres que quieren ser madres y que, tanto por razones médicas como sociales, se les aconseja la esterilización. Es el caso de las mujeres que viven con VIH/SIDA, para quienes la maternidad es una de las reivindicaciones más sentidas, por lo que han debido enfrentar múltiples atropellos a su derecho a decidir libremente y sin coerción los hijos e hijas que quieren tener. Felizmente, gracias a una activa vigilancia de la sociedad civil, representada por las personas que viven con VIH/SIDA, existe un cuerpo legal que protege sus derechos y la coerción en el ámbito de la salud reproductiva de las mujeres, se ha reducido luego de que han sido denunciados diversos casos de mujeres que viven con VIH/SIDA que fueron esterilizadas sin consentimiento.

La esterilización femenina no ha sido un asunto de salud pública relevante, más bien, los avances en esta materia quedaron estancados luego de la normativa del año 2000. Es importante que las mujeres organizadas, las usuarias de la salud pública, evidencien las contradicciones entre las políticas públicas y la vida cotidiana de las mujeres y en el caso de la salud reproductiva, la permanente utilización de los cuerpos de las mujeres para fines funcionales a las políticas de control poblacional.


[1] Tal como lo confirma Camila Maturana en el libro “Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. A diez años de El Cairo”: La falta de difusión adecuada de esta Resolución por parte de las autoridades ministeriales se ha traducido en el desconocimiento generalizado de la misma, tanto entre los/as prestadores/as de salud como entre la población; algunos profesionales de la salud continúan aplicando los requisitos exigidos por la norma derogada; por la falta de recursos financieros, en los hospitales se priorizan otras intervenciones quirúrgicas; e inclusive algunos directivos de establecimientos simplemente niegan el derecho de las personas a decidir al respecto, tal como lo consagra esta norma ministerial (2004: 85)

 

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