CAMPAÑA 28 DE SEPTIEMBRE

¿Cuándo Surgió la Campaña 28 de Septiembre?

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo – Argentina del 18 al 24 de noviembre de 1990 en el Taller sobre Aborto, organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y por las Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay y con la participación de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú se acordó declarar el día 28 de septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe.

En 1993 en la reunión promovida por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe (RSMLAC) y coordinada por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) se creó la Coordinación Regional. Esta coordinación es rotativa hasta la fecha ha sido coordinada por cinco organizaciones.

1993 – 1994 Católicas por el Derecho a Decidir (Uruguay)

1994 – 1997 GIRE (México)

1997 – 1999 CIDEM (Bolivia)

2000 – 2002 Rede Nacional Feminista de Saúde (Brasil)

2003 – 2005 Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” (Perú)

2006- 2009 Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua)

¿Por qué una Campaña por la Despenalización del Aborto?

Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado. El tratamiento Legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, observándose una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales (desde 1985, 19 naciones han liberalizado sus leyes al respecto). Actualmente el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el 25% de la población mundial vive en países que lo prohíben y penalizan.

El aborto clandestino es inseguro porque no se da en condiciones que puedan garantizar una intervención optima. Se recurre a personal no especializado. Se pone en riesgo la vida de la mujer. Las hemorragias y otras complicaciones del aborto incompleto son una de las causas de la mortalidad materna. Además atenta contra el libre ejercicio de la profesión médica.

Con la campaña queremos lograr que la sociedad en especial los decidores de políticas entiendan que la penalización esta condenando a las mujeres que tienen mayores dificultades para ejercicio de sus derechos (por no tener acceso a educación, información, atención de salud, recursos económicos, recursos institucionales) a poner en riesgo sus vidas.

¿Por qué se penaliza el aborto?

La prohibición del aborto es parte de las prácticas que tratan de controlar la sexualidad de las personas. Quienes penalizan el aborto consideran que el ejercicio de la sexualidad es sólo para la reproducción, además consideran que la reproducción no es un acto humano sino es la consecuencia de un mandato divino en el cual las personas humanas no pueden intervenir. Desde hace varias décadas el avance de la ciencia permite realizar una interrupción del embarazo en condiciones seguras para la mujer.

La clase política en nuestra región está fuertemente influenciada por las iglesias, particularmente por la católica que no sólo sanciona el aborto sino toda forma de control de la natalidad.

La penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres sobre todo aquellas que no cuentan con recursos económicos y recursos institucionales.

¿Quiénes integran la Campaña?

La campaña está integrada por mujeres organizadas de 19 países y por 5 Redes Regionales. En cada uno de los países se han realizado diversas acciones de sensibilización y educación. A través de la generación de información, la generación de argumentos, el trabajo con decidores de políticas, la construcción de grupos de acción y otras estrategias.

¿Cómo puedes sumarte a la Campaña?

Demandando la más amplia información y educación sobre sexualidad.

Defendiendo que la sexualidad es parte constitutiva de nuestra identidad.

Difundundiendo las consecuencias del aborto inseguro en la vida de las mujeres.

Estableciendo coaliciones dentro del movimiento de mujeres, con los gremios médicos, jurídicos y otros para realizar campañas informativas y educativas a favor de políticas y leyes que garanticen el derecho a decidir cuantos hijos se quiere tener y la atención humanizada del aborto

LLAMADO A LA ACCIÓN 2010

Al arribar a una nueva conmemoración de la Campaña del 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, observamos un panorama de creciente activismo en torno a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestra región, tanto por parte de las organizaciones feministas y sus aliados como de los sectores religiosos fundamentalistas, particularmente la Iglesia católica.

Aunque las acciones por la despenalización realizadas a nivel judicial y legislativo muestran tanto avances como retrocesos, el hecho de que en tantos países se estén desplegando iniciativas que colocan la interrupción del embarazo en el centro del debate constituye un avance importante en sí mismo. La época en que las jerarquías eclesiásticas podían excluir el aborto de las agendas políticas o limitar el debate público en torno al mismo ha quedado definitivamente atrás. En su lugar vemos una Iglesia cada vez más a la defensiva, debilitada por el descrédito internacional que acompañó la nueva oleada de escándalos de pedofilia y encubrimiento eclesiástico, y desconcertada por el rápido avance de las conquistas que en materia de diversidad sexual y matrimonio igualitario están teniendo lugar en varios países de la región.

Lo anterior no significa que la Iglesia católica –y en menor medida las evangélicas- no ejerzan todavía una influencia extraordinaria sobre los actores políticos y las ideologías sociales de nuestros países, sobre todo en materia de moral sexual. Por el contrario, a medida que el pluralismo ideológico cobra fuerza y las actitudes sociales en torno a estos temas se polarizan, las iglesias dedican más recursos a combatir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, apoyándose en el uso de herramientas organizativas, políticas y mediáticas cada vez más sofisticadas. De ahí la importancia de aprovechar al máximo los resquicios estratégicos que se abren a nuestras luchas por la laicidad del Estado y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, dentro de la diversidad de nuestros contextos nacionales, para lo cual debemos tomar en cuenta la necesidad de:

1. Fortalecer la investigación, el análisis y el debate teórico como puntos de partida para la definición e implementación de las estrategias innovadoras que necesitamos para hacer frente a los desafíos de un contexto dinámico y cambiante.

  • La investigación científica y el registro de evidencias sobre los impactos que a nivel individual y social resultan de la negación de los derechos sexuales y reproductivos son una herramienta valiosísima para trabajar los cambios en las políticas públicas y en las actitudes sociales.
  • No olvidemos que la Iglesia busca ejercer influencia directamente sobre los actores políticos y las estructuras de poder –vía presiones y chantajes, la búsqueda de acuerdos políticos tras bastidores, etc.– justamente porque sus posiciones en materia de moral sexual no cuentan con el apoyo mayoritario de la población. Las encuestas de opinión son claras en este sentido, particularmente en lo que respecta al divorcio, la anticoncepción, el uso de condones para la prevención del VIH, la educación sexual escolar, y el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto[1].
  • Las encuestas de opinión no solo evidencian los altos niveles de desacuerdo de la población con los dictados eclesiásticos, sino que además permiten visibilizar la diversidad de opiniones dentro de la misma Iglesia. En este sentido, es necesario evidenciar la falsedad de algunos supuestos utilizados por los jerarcas eclesiásticos para legitimar su injerencia en políticas públicas –en particular, la autoridad que pretenden derivar del ficticio respaldo mayoritario de su feligresía (no digamos ya de la ciudadanía en general!) a sus posiciones en materia de sexualidad y reproducción.

2. Fortalecer las redes de organizaciones feministas y de mujeres con miras a lograr una mejor definición y coordinación de estrategias y acciones. Debemos tomar en cuenta que la Iglesia católica define e implementa estrategias de alcance regional (y más allá), como vimos anteriormente con la celebración del Día del No Nato y la anticoncepción de emergencia, y como vemos ahora con su utilización de los procesos de reforma constitucional o penal para introducir cláusulas estableciendo el derecho a la vida del óvulo fecundado, así como su promoción de la ‘objeción de conciencia’ entre las y los proveedores a fin de negar a las mujeres el acceso a determinados servicios de salud.

  • Debemos tratar que los derechos sexuales y reproductivos sean tema de agenda de todas las organizaciones feministas y de mujeres de la región, y no sólo de aquellas dedicadas al tema de manera particular. De ahí que nuestro trabajo de información, análisis y reflexión deba orientarse no solo al fortalecimiento de las alianzas externas, sino de manera muy importante al fortalecimiento de las articulaciones internas de los movimientos feministas y de mujeres.

3. Promover nuevas alianzas que permitan sumar sectores a la lucha contra los fundamentalismos religiosos, a partir de la identificación de intereses comunes en los ámbitos de salud, institucionalidad democrática, laicidad, diversidad sexual, derechos humanos y otros temas.

  • También a estos fines son de gran utilidad la investigación, el registro de evidencia y la reflexión teórica, en tanto aportan herramientas para motivar y convencer a aliados potenciales, así como para promover el cambio de actitudes de la ciudadanía en sentido general.
  • La búsqueda de alianzas con otros sectores sociales progresistas debe fundamentarse en un análisis donde se evidencie: a) que el control de la sexualidad implica un control más amplio de lo social, en tanto impone “un dominio de ejercicios micro políticos sobre el que la Iglesia ha asentado gran parte de su influencia y de su autoridad social”[2]; b) que la instrumentalización del Estado para imponer al conjunto de la ciudadanía las normas religiosas de un sector particular no solo viola las libertades de conciencia y de culto, sino que además restringe el ejercicio de la autonomía personal, refuerza la subordinación de las mujeres, y niega los principios de igualdad ciudadana y respeto al pluralismo, todos ellos pilares básicos de la democracia.

4. Hacer más uso de la jurisprudencia internacional en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. La CEDAW y el Consejo de Derechos Humanos son instancias claves para denunciar las violaciones de los Estados a los compromisos adquiridos en materia de equidad de género y derechos sexuales y reproductivos. La jurisprudencia internacional constituye además un recurso valioso para sustentar las demandas de modificación de los marcos jurídicos nacionales relativos a la separación Iglesia-Estado, al aborto y a los derechos de las mujeres en general.

5. Las organizaciones y redes feministas deben llamar la atención de las agencias de cooperación sobre la necesidad de financiamiento para llevar adelante la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Las agencias internacionales y los países desarrollados que asumieron compromisos con las agendas de Cairo y Beijing están moralmente obligados a aportar los recursos necesarios para hacer frente al avance de los fundamentalismos y ampliar el ejercicio de los derechos de las mujeres.

6. Más allá de las medidas que precisamos tomar en lo inmediato, el movimiento regional debe avanzar en la definición de estrategias a más largo plazo, que conduzcan a cambios generacionales substanciales en las ideologías patriarcales en que se sustenta (y que dan sustento a) el poder eclesial y la subordinación de las mujeres. El sistema escolar y los contenidos de la educación son instancias fundamentales a trabajar en este sentido, aunque nos urge definir otras.

Las propuestas delineadas en este Llamado a la Acción remiten a la necesidad de un trabajo político más sostenido y sistemático, que no se limite a la conmemoración anual de una fecha. Quizás sea hora de considerar la necesidad de fortalecer la Campaña convirtiéndola en un espacio permanente de articulación, movilización e incidencia. Quizás sean necesarias otras estrategias para avanzar en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Llamamos a las organizaciones miembras a reflexionar sobre estos temas y a enriquecer el debate regional con sus aportes.


[1] En este sentido se pueden consultar, entre otras: Observatorio de las Libertades Laicas, “Primera Encuesta Sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina”. Libela, Año 5, No. 18, abril-junio 2009

http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/paginas/boletin/boletin/libeladatos/PDFS/libela18.pdf

Católicas por el Derecho a Decidir, 2004. Actitudes de los Católicos Sobre Derechos Reproductivos, Iglesia-Estado y Temas Relacionados. Tres Encuestas Nacionales y Bolivia, Colombia y México.http://www.catholicsforchoice.org/topics/abortion/documents/2004latinamericapoll_spanish_000.pdf

[2] Juan Marco Vaggione. 2009. “Sexualidad, Religión y Política en América Latina. Trabajo preparado para los Diálogos Regionales, Río de Janeiro, Agosto 2009. http://www.sxpolitics.org/pt/wp-content/uploads/2009/10/sexualidad-religion-y-politica-en-america-latina-juan-vaggione.pdf


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