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ABORTO EN CHILE

SITUACIÓN LEGAL EN CHILE

En Chile el aborto está penalizado en todas sus formas, no existen excepciones legales a esta prohibición.  Se considera como un problema de salud pública que afecta principalmente a las mujeres[i]

Las leyes contra el aborto se encuentran en el Código Penal, Artículos 342 A y 245, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública[ii], caracterizándose como una de las más restrictivas del mundo.

En 1963 la Corte Suprema bajo sentencia dictaminó que el aborto era la “interrupción maliciosa del embarazo con el propósito de evitar el nacimiento del feto o detener el curso natural del embarazo”.  El Código Penal castiga todo aborto intencional, así como los causados por un acto violento contra una mujer embarazada.  También se castiga al que practica el aborto como a la mujer que consiente en ello.  La pena por este delito es de 3 a 5 años por obtener un aborto y de 541 días a 3 años por proveer un aborto.

Según datos extractados de la investigación realizada por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, un importante segmento de los casos de mujeres denunciadas por aborto no recibió defensa legal alguna, en promedio solo un 38% del total de mujeres en proceso recibió defensa legal y un 60% no tuvo en su proceso ningún tipo de intervención de un profesional, cabe destacar que esta situación transgrede la garantía constitucional del derecho a defensa judicial[iii], la que debe ser provista a través de la Corporación de Asistencia Judicial o la Defensa Pública, ambas subvencionadas por el Estado.  La falta de defensa es considerada como una violación a los derechos civiles y políticos consagrados en los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.

Dentro de las mujeres penalizadas por practica de aborto las más expuestas son las mujeres pobres, primero por el riesgo sanitario que conlleva un aborto clandestino y en segundo lugar por la recurrencia a maniobras caseras de alto riesgo, situaciones que concluyen en el requerimiento de una asistencia médica en los servicios públicos de salud, lugar donde es denunciada y entregada a la fuerza policial.

La penalización a las mujeres por practicarse un aborto libera de toda responsabilidad al hombre, quien en esta situación aborta al abandonar a la mujer.  Hasta el momento la sociedad en su conjunto no asume ninguna responsabilidad.

ABORTO TERAPEUTICO

En Chile el Aborto Terapéutico fue permitido por el Código de Salud entre 1931 a 1989, en este período toda mujer cuya vida estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos.  En 1989, la dictadura militar, como una más de sus intervenciones, elimina la excepción del aborto terapéutico, provocando la molestia de diversas organizaciones feministas y de mujeres, quienes se pronunciaron en contra de esta medida por considerar que dicha acción vulnera los derechos humanos de las mujeres.

En consecuencia, actualmente la regulación penal en Chile “considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico, subordinado al feto en gestación[iv].  Esta consideración es reforzada por la Constitución de 1980, en el Artículo sobre las Garantías y Derechos de las Personas, en el párrafo que garantiza la protección de “la vida del que está por nacer”, separando esta vida de quien la concibe y de su libertad para decidir respecto del embarazo[v].

MORBIMORTALIDAD MATERNA POR ABORTO

La Mortalidad Materna por aborto en nuestro país tiene una incidencia cercana al 10%[vi].  Cabe destacar que detrás de la Mortalidad por aborto está el ambiente de clandestinidad e inseguridad sanitaria en el que se realiza, factores que atentan contra la salud física y psicológica de la mujer.

Según cifras disponibles cada año ocurren en Chile 150.000 a 160.000 abortos[vii].  Se considera que las complicaciones por aborto demandan cerca de 15 millones de dólares anuales del presupuesto de salud[viii].

El 35% del total de embarazos en Chile terminan en aborto, es decir, que ocurren 4,5 abortos por cada 100 mujeres de 15 a 49 años[ix].

MORTALIDAD MATERNA

AÑOS Muertes Maternas Muertes por Aborto
Número Tasa (*) Número Tasa (*)
1960 845 29.9 302 10.7
1970 439 16.8 185 7.1
1980 185 7.3 71 2.8
1990 123 4.0 23 1.3
1998 55 2.0 14 0.5
1999 60 2.0 5 0.2

Fuente: INE, Compendios estadísticos

(*) tasas por 10.000 nacidos vivos

En la serie de tiempos consideradas, es decir, desde 1960 a 1999, las tasas de mortalidad materna han venido disminuyendo sostenidamente.   Nos obstante, las muertes por aborto aún representan cerca de un tercio de las muertes maternas en el país[x].

PERFIL DE MUJERES QUE RECURREN A PRACTICAS ABORTIVAS

Las mujeres que nuestro país deciden por una práctica abortiva responden al siguiente perfil:

  • Mujeres  portadoras de VIH SIDA,
  • Mujeres embarazadas producto de una violación
  • Mujeres embarazadas producto de un incesto
  • Por Malformaciones congénitas
  • Embarazos no deseados
  • Pobreza

DESPENALIZACION DEL ABORTO

El Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos junto con otras organizaciones civiles de mujeres participan de la Campaña Internacional por la Despenalización del Aborto, conmemorada el día 28 de Septiembre, con el fin de promover la humanización de los servicios de salud, la reducción de la morbimortalidad materna e impulsa la generación de avances en las legislaciones a través de la formación de consensos políticos que revisen la liberación de las leyes punitivas, enfatizando que éste es un tema de derechos humanos y de ciudadanía de las mujeres.


[i] Dr. Mariano Requena, Simposio Nacional : Leyes para la Salud y la Vida de las Mujeres. Hablemos de Aborto Terapéutico. “El Aborto Inducido, Problema de Salud Pública Vulnerable”.  Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Santiago de Chile, Septiembre de 1993, Pág. 31 – 38.

[ii] “Encarceladas” Leyes contra el Aborto en Chile, Un Análisis desde los Derechos Humanos, Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Impreso en Canadá, 1998, pág. 49

[iii] Ibíd, pág. 66

[iv] Ibíd, pág. 50

[v] Ibíd, pág. 51

[vi] Documento de Trabajo “Género, Equidad y Reforma de la Salud en Chile”, Ministerio de Salud de Chile y Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2002, Documento 4, pág. 4.

[vii] Ibíd, Documento 4, pág. 5

[viii] Lav{in P, et al. Informe preliminar sobre la caracterización de los casos y costos del tratamiento del aborto hospitalizado en Santiago de Chile. Presentación al Encuentro de Investigadores sobre Aborto Inducido en América Latina y el Caribe, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1994.

[ix] Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, Santiago, Chile, 2000.

[x] Mujeres Chilenas: Estadísticas para el Nuevo Siglo, Servicio Nacional de la Mujer, Instituto Nacional de Estadísticas, Julio del 2001, Santiago, Chile

 

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ABORTO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

SITUACIÓN EN AMERICA LATINA

En América Latina persiste una política restrictiva generalizada del aborto, con las excepciones de Cuba, Puerto Rico, Barbados y Guyana.  La práctica del aborto en la región es punitivo, salvo que sea autorizado por ciertas regulaciones jurídicas a través del sistema de las indicaciones.


La mayoría de los 4 millones de abortos que se realizan en la región son clandestinos, es por esto que, dichos abortos tienen consecuencias adversas.  Significando una de las principales causas de muerte materna, debido a la falta de atención oportuna y de calidad para las mujeres.  Se estima que entre  el 30 y el 40% de las camas de los servicios públicos de salud de ginecología están ocupadas por mujeres en esta situación.  Para la atención de estas complicaciones aproximadamente se destinan entre el 13 y el 24% de los costos hospitalarios en cinco países centroamericanos. (Lovera, 1992: 39)[i].

Expertos han calculado que en Perú y Colombia 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 3,5 mujeres, en Brasil, habrían tenido un aborto inducido y habrían sido hospitalizadas para darles tratamiento debido a las complicaciones.  En Chile, México y la República Dominicana, la proporción es aproximadamente 1 de cada 4 mujeres.

Estas estimaciones son de suma importancia, porque ayudan a cuantificar el peso que los servicios de atención del aborto imponen al sistema hospitalario de un país, y demuestran también que gran número de mujeres que se provocan abortos no son contabilizadas porque no necesitan, o no buscan tratamiento en un hospital.

Desde fines de  los años ’70, el movimiento feminista latinoamericano ha planteado en el debate público, ya sea la despenalización o la ampliación de las indicaciones legales, la convicción para este planteamiento ha sido que la penalización del aborto no convence a la mujer de no abortar, sino mas bien, la obliga a hacerlo en condiciones peligrosas que amenazan su vida y su salud.  La penalización del aborto afecta a las mujeres pobres y generalmente castiga también a sus hijos a la desintegración familiar, al abandono y abuso.

El aborto ha sido usado por las mujeres históricamente como una forma de regular la fecundidad, por cierto que con los niveles de conocimientos sobre anticoncepción modernos, estos debieran ser los métodos para la regulación de la fecundidad, pero no existe suficiente información ni educación, cuestión por las que el movimiento de salud de las mujeres ha luchado.

Es por esto que, requerimos de una política pública en salud que se haga cargo de las necesidades de las mujeres con respecto a la atención humanizada y de calidad en los servicios públicos luego de un aborto provocado, una prevención psicológica secundaria al aborto y métodos de anticoncepción de emergencia modernos para su cuidado.  Además, de suprimir la delación de las mujeres desde los hospitales públicos.

 


[i] Nuestros Cuerpos. Nuestras Vidas”. Pág. 413